Por La Periodista en Línea
Las expresiones misóginas contra Carolina Moisés merecen el más enérgico repudio. Pero una mirada feminista consecuente no puede reducir el problema a una disputa dentro del PJ. Detrás del agravio aparece un régimen político patriarcal que distintos sectores ayudaron a construir, mientras las trabajadoras jujeñas, las docentes y las mujeres de los sectores populares siguen enfrentando salarios de pobreza, precarización y múltiples formas de violencia.
La violencia machista se combate siempre, no solo cuando golpea intereses propios. Dichos como los de Rubén Armando Rivarola contra la senadora Carolina Moisés son repudiables y deben denunciarse sin matices. Ninguna mujer tendría que soportar insultos, estigmatizaciones, descalificaciones o insinuaciones por el solo hecho de participar en política. En una provincia donde las mujeres debieron abrirse paso en estructuras históricamente dominadas por varones, toda manifestación de misoginia merece el rechazo más categórico.
Cuando Moisés afirma que «muchas mujeres estamos cansadas de tener que aguantar que se diga cualquier cosa, de que se nos insulte, se nos estigmatice y siempre se nos pongan calificativos negativos», expresa una realidad que miles de mujeres conocen de primera mano. En la política, en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana, el machismo sigue funcionando como una herramienta de disciplinamiento y deslegitimación.
Sin embargo, la discusión no puede detenerse allí. El problema no es solo lo que dijo Rivarola, sino las condiciones que permiten que esas prácticas se reproduzcan una y otra vez.
Las expresiones machistas no surgen de un vacío: forman parte de una cultura política forjada durante décadas alrededor de liderazgos personalistas, aparatos partidarios cerrados, relaciones clientelares y formas profundamente patriarcales de ejercer el poder. Por eso aquí me reservo el derecho de responderles a quienes, desde ese mismo sistema de privilegios, ahora pretenden explicarnos qué es la violencia de género. ¡Qué tupé!
Lo sucedido tampoco puede analizarse como un nuevo capítulo de la interna del peronismo jujeño. Detrás del cruce entre Moisés y Rivarola asoma una realidad más profunda: un régimen que durante años naturalizó prácticas patriarcales mientras administraba una provincia atravesada por la desigualdad.
Por eso, la discusión no debería agotarse en quién insultó a quién dentro de una disputa partidaria. También cabe preguntarse por qué las denuncias de violencia machista generan tanta conmoción cuando afectan a figuras de peso dentro del poder político, pero rara vez reciben la misma atención cuando golpean cada día a miles de trabajadoras. La vara no puede cambiar según el lugar que cada mujer ocupe en la jerarquía del poder. Un feminismo consecuente no selecciona víctimas ni acomoda sus denuncias al calendario electoral: denuncia siempre la violencia y enfrenta también las condiciones materiales que la sostienen.
En Jujuy, la violencia de género no se reduce a una frase ofensiva pronunciada en un acto político, tampoco la minimizo, ojo. También se expresa en salarios que no alcanzan para mantener una familia, en la precarización laboral, en la sobrecarga de las tareas de cuidado, en la falta de acceso a una vivienda digna, en la ausencia de políticas efectivas y en una feminización de la pobreza que golpea cada vez con más fuerza, en los femicidios. Esta dimensión estructural condiciona la vida de miles de mujeres y, sin embargo, rara vez ocupa el centro del debate público.
Por eso no alcanza con condenar los exabruptos de determinados dirigentes. Es necesario preguntarse quiénes sostienen las condiciones que perpetúan la subordinación de las mujeres. Hay que cuestionar a un régimen que, mientras adopta ocasionalmente discursos de igualdad, administra la precarización, los salarios de pobreza y las desigualdades que afectan en especial a las trabajadoras. En ese sentido, los partidos tradicionales tienen una responsabilidad ineludible.
Rivarola no es solo un dirigente que realizó declaraciones misóginas. Representa una forma de hacer política basada en el poder concentrado, los acuerdos de cúpula y un conservadurismo profundo. Pero el problema tampoco se resuelve señalándolo únicamente a él. El desafío es cuestionar el conjunto de relaciones políticas que permiten que esos liderazgos existan y se reproduzcan.
¿Acaso no fue violencia hacia las mujeres arrebatarles su sindicato a las maestras de ADEP? ¿No lo fue la represión a las comunidades indígenas durante la reforma constitucional, donde tantas mujeres pusieron el cuerpo en la primera línea? ¿No es también una expresión de esa violencia intentar silenciar sistemáticamente a las mujeres de la oposición en la Legislatura, como ocurre con Natalia Morales sesión tras sesión?
Estas preguntas obligan a mirar más allá de un episodio puntual y a revisar las responsabilidades de quienes, desde distintos espacios políticos, contribuyeron a sostener lo que hoy dicen cuestionar, incluidos sectores del peronismo que en distintos momentos convivieron con esas prácticas o las legitimaron.
Repudiar el machismo de Rivarola es una obligación democrática y feminista. Pero si la crítica termina allí, el problema permanece intacto. La verdadera discusión es cómo enfrentar un régimen que sigue reproduciendo privilegios para unos pocos mientras descarga el peso de la crisis sobre las espaldas de las trabajadoras de la provincia.
La lucha contra la violencia machista no puede convertirse en una bandera de ocasión ni en un argumento más dentro de una interna partidaria. Debe ser una pelea permanente contra todas las formas de opresión hacia las mujeres y contra todos los responsables.
