Después de años de postergaciones, la Comisión de Género de la Legislatura volvió a poner sobre la mesa el debate por el cupo laboral travesti-trans. Lo hizo a partir de dos proyectos: uno impulsado por el oficialismo Frente Jujuy Crece y otro por el PTS-FITU. La discusión permitió escuchar a organizaciones y referentes del colectivo, Las Históricas, Damas de Hierro, entre otras, que incluso tuvieron que gestionar su ingreso en conjunto con la izquierda porque inicialmente sólo se autorizaba la participación de tres expositoras.
En términos formales, la jornada dejó un resultado concreto: el proyecto oficialista del Frente Jujuy Crece obtuvo dictamen de mayoría y la iniciativa del PTS-FITU dictamen de minoría. Ahora debe marchar a Trabajo y Legislación General. También hubo acuerdo para emitir un pronunciamiento de la comisión en repudio al ataque coordinado y transodiante ocurrido en Palermo (CABA) contra personas travestis y trans que se encontraban ejerciendo el trabajo sexual. Hasta ahí, podría decirse que fue una jornada con algunos avances.
Detrás de las formalidades quedan varios interrogantes
El primero tiene que ver con los tiempos. Una vez más, el debate sobre el cupo laboral trans llega cuando el calendario legislativo entra en su tramo final. No es la primera vez que ocurre. Año tras año los que tienen mayoría parlamentaria, la empujan hacia los últimos meses, cuando las reuniones de comisión se reducen y las posibilidades de que un proyecto llegue al recinto se vuelven cada vez más escasas. Así. con un dictamen recién emitido y los plazos legislativos corriendo en contra, resulta difícil imaginar que cualquiera de las iniciativas llegue a ser tratada antes del cierre del período ordinario el 30 de noviembre.
Aquí la sospecha es inevitable: ¿se busca debatir el cupo laboral trans o evitar que llegue a votarse?, suponemos que si. Sin embargo, la consecuencia política es la misma: los derechos de la población travesti-trans vuelven a quedar atrapados en la lógica de la postergación permanente. Mientras otros temas encuentran velocidad cuando existe decisión política, este se encamina a quedar en la fila de espera.
La segunda cuestión remite al contenido mismo de las propuestas. El oficialismo defendió una iniciativa que contempla un cupo equivalente al 1% de la planta estatal. Desde la izquierda se sostuvo un proyecto más ambicioso, con un cupo del 5%, programas de capacitación remunerada para aspirantes a ingresar al Estado y condiciones laborales que reconozcan las desigualdades estructurales que atraviesa gran parte de la población travesti-trans.
Aquí queremos hacer un paréntesis. Durante el debate volvió a aparecer un argumento recurrente: que el proyecto, dentro del oficialismo, debe seguir madurando porque todavía no existe consenso suficiente.
Aquí pasa que cuando se discuten derechos, el problema no suele ser la falta de consensos sino la falta de voluntad política. La ampliación de derechos nunca fue el resultado de una unanimidad previa. Las leyes avanzan porque hay lucha detrás y se arrancan derechos o bien por decisiones políticas. O se está dispuesto a ampliar derechos para una población históricamente excluida, o no se está dispuesto.
Finalmente, hubo un tercer elemento que atravesó la jornada: la actuación de La Libertad Avanza dentro de la comisión. Lejos de aportar propuestas o alternativas concretas, sus intervención estuvo orientada a cuestionar las posiciones ajenas y a sembrar dudas sobre la legitimidad misma de las políticas de género y diversidad.
La escena más explícita llegó cuando el legislador libertario intentó desacreditar la defensa del cupo laboral trans preguntándole a la diputada Natalia Morales del PTS-FITU por la composición de su propio equipo de trabajo. La chicana buscó correr el eje de la discusión: del derecho al trabajo de una población históricamente excluida hacia un cuestionamiento al bloque que impulsa la iniciativa. Un recurso habitual cuando faltan argumentos para debatir el fondo de la cuestión.
Porque el debate no era cuántas personas trabajan en un despacho legislativo. El debate era qué respuesta está dispuesto a dar el Estado frente a una población que históricamente fue expulsada del empleo formal, de la educación y de condiciones de vida dignas. Sin embargo, una vez más, la estrategia consistió en evitar esa discusión.
Esta lógica no es nueva. Se repite en los ámbitos provinciales y nacionales: no se presentan proyectos para resolver las desigualdades existentes, no se acompañan iniciativas que amplían derechos, pero sí se interviene para cuestionar a quienes las impulsan. El objetivo es claro: desacreditar la demanda de derechos.
Durante la reunión quedó claro. Mientras organizaciones y referentes travestis y trans exponían sobre las barreras que enfrentan para acceder al trabajo formal, desde los sectores libertarios la preocupación parecía pasar por otra parte: «¿Qué va a pensar la gente si ustedes tienen una planta permanente en el Estado?». Una frase que expone con claridad una mirada que no busca discutir cómo garantizar derechos, sino alimentar el odio sobre quienes reclaman por ellos.
Mientras tanto, las personas travestis y trans de Jujuy continúan esperando una respuesta concreta ante una realidad marcada por la exclusión laboral, la precarización y la violencia. La Legislatura volvió a debatir el tema. La pregunta es si esta vez los espacios políticos que definen estarán a la altura de la urgencia que plantea esa realidad o si, una vez más, el derecho al trabajo quedará atrapado entre las especulaciones políticas, las dilaciones legislativas y los discursos de odio.
