Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no son un exabrupto ni una simple provocación hacia el movimiento feminista. Tampoco son solo un gesto ideológico contra los “pañuelitos verdes”. Lo que está haciendo el mandatario es mucho más profundo: construir una estrategia política que busca moldear sentido común, justificar recortes y redefinir el rol del Estado en derechos básicos.
Cuando Milei dice que “la pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento” o que “la locura de los pañuelitos verdes” explica la baja natalidad, no está describiendo un fenómeno demográfico. Está fabricando una causalidad política para responsabilizar a un sector social y a una ley vigente por problemas estructurales que no tienen relación con la IVE.
La baja natalidad es global, no producto de la IVE
La caída de la natalidad es una tendencia mundial. Se explica por crisis económicas, precarización laboral, falta de acceso a vivienda, desigualdad de género, postergación de proyectos familiares y cambios culturales en torno a la maternidad. Ningún estudio serio vincula la baja natalidad con la legalización del aborto. De hecho, países con leyes de aborto vigentes desde hace décadas tienen tasas de natalidad más altas que Argentina.
Por eso, la afirmación presidencial no se sostiene en evidencia. Es una operación discursiva que busca instalar una explicación falsa pero políticamente útil.
Construcción de un enemigo político
Al asociar la IVE con un supuesto “daño demográfico”, Milei no solo cuestiona la ley: intenta reinstalar la idea de que el feminismo es responsable de un problema nacional. Es una estrategia clásica: identificar un enemigo interno, atribuirle consecuencias negativas, justificar políticas regresivas en nombre de “corregir” ese daño.
El movimiento feminista —y especialmente el que conquistó la IVE— es uno de los actores que más ha cuestionado al gobierno en materia de derechos, violencia institucional y ajuste. Por eso, este discurso también funciona como un mecanismo de deslegitimación política.
Un discurso que habilita el desfinanciamiento del Estado
Mientras Milei responsabiliza a la IVE por la baja natalidad, su gobierno ya avanzó en una política concreta de desmantelamiento de derechos: desfinanció la compra nacional de misoprostol y mifepristona, desarmó programas de salud sexual y reproductiva, redujo equipos profesionales, trasladó la responsabilidad presupuestaria a provincias sin recursos y así debilitó las consejerías y la formación de personal de salud.
Está claro, el discurso de “defender la vida” funciona como cobertura para recortar políticas públicas y reinstalar la objeción de conciencia como barrera estructural.
El ejemplo de Jujuy: cuando el discurso se vuelve realidad
En Jujuy, el impacto del desfinanciamiento es concreto y cotidiano. La red socorristas acompaña entre 9.000 y 10.000 mujeres y personas gestantes por año. Solo en la provincia, entre 30 y 50 acompañamientos mensuales. Es decir: la sociedad civil está cubriendo lo que el Estado dejó de garantizar.
Muchas personas directamente no van al sistema de salud, explico Rosa Maldonado referente del espacio, porque son maltratadas o desplazadas. Aunque existe una Ley, la objeción de conciencia pesa más que el derecho. El caso de Alto Comedero es ilustrativo: de ocho CAPS, solo uno garantiza IVE/ILE; el resto son objetores o desconocen la Ley.
“No puede ser que solo el NIDO y el CAPS 18 Hectáreas atiendan a miles de personas en un barrio enorme, trabajador y precarizado. Esto no es casual: es consecuencia directa del ajuste y del vaciamiento de políticas públicas”.
La responsabilidad para las socorristas es en primera instancia del Gobierno nacional, provincial y del Ministerio de Salud. “No es que la Ley no se aplique: hay más de 30 consejerías funcionando. El problema es con qué recursos” destacó Maldonado. “Porque, garantizar derechos requiere recursos, formación y voluntad política. Hoy, la red socorrista está sosteniendo lo que el sistema debería garantizar”.
El cuerpo como territorio político
Lo que está en juego no es solo una disputa cultural, sino también institucional, política y económica. El discurso presidencial busca reinstalar la maternidad como mandato, reforzar roles tradicionales de género y deslegitimar la autonomía reproductiva. Al mismo tiempo, intenta erosionar los consensos sociales construidos entre 2018 y 2020, cuando la sociedad argentina debatió masivamente el derecho a decidir. En esa operación, la reproducción aparece como un recurso económico: cuerpos que trabajen, que consuman, que produzcan y que sostengan el sistema previsional, porque el capitalismo no funciona sin una base amplia de población activa.
En este marco, Milei va abriendo la puerta a una eventual revisión de la Ley IVE por lo cual no se trata solo de un ataque simbólico: es una disputa por el modelo de sociedad y por el rol del Estado en garantizar derechos.
El discurso contra los “pañuelitos verdes” es, en realidad, un discurso contra la autonomía, la igualdad y la responsabilidad estatal. Y se inscribe en un proyecto que pretende redefinir el sentido de los derechos en Argentina, desplazando la idea de ciudadanía plena para reemplazarla por una lógica donde la reproducción, los cuidados y los cuerpos quedan subordinados a las necesidades del mercado y a la retirada del Estado.
