La joven concejal y dirigente del PTS-FITU, Keila Zequeiros (26), atraviesa un momento de fuerte exposición pública y es objeto de un escarnio político y mediático tras un pedido de juicio político impulsado por La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.
El planteo surge a partir de un episodio ocurrido en la Facultad de Humanidades, donde Zequeiros —que además es estudiante de esta casa de estudios— participó de una disputa política universitaria en la que agrupaciones de izquierda habrían impedido el ingreso de estudiantes identificados con La Libertad Avanza. Desde el Concejo Deliberante explicaron que el pedido de Jury ya ingresó al ámbito institucional y deberá seguir el procedimiento correspondiente, dado que se trata de un mecanismo formal que exige etapas y evaluaciones específicas.
Sin embargo, el proceso institucional no es el único frente abierto. Paralelamente, Zequeiros se convirtió en el blanco de una operación mediática articulada en redes sociales, donde se la ataca por su condición de estudiante, militante y mujer joven en la política. Este tipo de campañas, que buscan desacreditar su legitimidad y su rol público, constituye una expresión clara de violencia política de género, una práctica que desde el feminismo y el movimiento de mujeres se viene alertando como creciente en el país durante el gobierno de Javier Milei, con su correlato provincial previo en Jujuy durante la gestión de Gerardo Morales, profundizada en la medida en que más mujeres ocupan espacios de decisión.
En este contexto, el caso de Zequeiros expone no solo una disputa partidaria, política, sino también la forma en que ciertos sectores utilizan el aparato mediático y las redes para disciplinar, hostigar y deslegitimar la participación política de las mujeres.
El escarnio público
No solo es violencia: es una desconexión total con la realidad
Uno de los principales ataques contra Keila Zequeiros apunta a su supuesta condición de “eterna estudiante”, una acusación que busca instalar la idea de que permanece en la universidad por falta de voluntad o compromiso. Pero este señalamiento no solo es violento: revela una desconexión absoluta de sus acusadores, con la realidad material que atraviesan miles de estudiantes de la universidad pública en Jujuy y en todo el país.
Para que esta crítica tuviera algún sentido, la trayectoria universitaria promedio debería ajustarse estrictamente a los años formales de cursada. Sin embargo, cualquiera que haya pasado por la universidad pública —y más aún en el contexto actual— sabe que eso no existe. No porque los estudiantes carezcan de capacidad, sino porque las condiciones materiales hacen prácticamente imposible cursar en tiempos ideales. En Jujuy, como en gran parte del país, estudiar implica trabajar, y trabajar implica, muchas veces, no poder cursar. Así, las carreras se alargan, no por desinterés, sino por supervivencia.
Y no lo decimos nosotras: hay datos. Una investigación realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu muestra que el primer año concentra el mayor nivel de abandono, con una deserción promedio del 38,92%, fenómeno directamente asociado a factores socioeconómicos, culturales y tecnológicos que condicionan la permanencia. El estudio evidencia que el acceso cotidiano a internet, una menor carga laboral y un mayor capital educativo familiar favorecen la continuidad; mientras que trabajar muchas horas, provenir de hogares con bajo nivel educativo o tener recursos tecnológicos limitados se vincula con peores resultados académicos. A su vez, la motivación inicial por la carrera no garantiza la permanencia, y variables como hábitos de lectura, tipo de escuela secundaria o relaciones con pares muestran escasa incidencia.
En conjunto, los datos confirman que la permanencia universitaria depende de un entramado complejo de condiciones materiales, culturales y subjetivas que exceden lo estrictamente académico. En este contexto, cursar en la Universidad Nacional de Jujuy o en un profesorado —donde la “cronicidad” es aún mayor porque la mayoría de los estudiantes son trabajadores y cabezas de hogar— no refleja falta de voluntad, sino un sistema que no garantiza las condiciones mínimas para estudiar.
Señalar a una mujer joven, militante y estudiante por no recibirse “a término” no solo es violencia política de género: es desconocer, o elegir ignorar, la realidad cotidiana de muchos, miles de estudiantes, de la provincia de Jujuy.
El ataque es de género
¿Qué es la violencia política de género?
Cuando una mujer gana relevancia en la política, incomoda. Y mucho. Keila Zequeiros lo sabe, y nosotras también: como periodistas que cubrimos las últimas elecciones, fuimos testigos directas de cómo, siendo candidata a concejal en 2025, sus contrincantes varones se negaban sistemáticamente a reconocerla como tal. No la nombraban, no la consideraban una par, no la registraban como candidata legítima, aun cuando ya transitaba la escena política desde hacía años y disputaba su segundo mandato en el Concejo Deliberante. Esa negación no es casual: es una forma de violencia política de género.
La violencia política de género es una forma específica de violencia que sufren mujeres y diversidades cuando participan en espacios de poder —partidos, sindicatos, gobiernos, organizaciones— y cuyo objetivo es limitar, disciplinar o expulsarlas de la vida pública. Se manifiesta en hostigamientos, presiones para que renuncien, obstáculos para ejercer sus funciones, campañas de difamación, descalificaciones, amenazas, amedrentamientos e incluso agresiones físicas o sexuales. Esta violencia se sostiene en estereotipos profundamente arraigados en ámbitos históricamente masculinizados y se intensifica a medida que más mujeres acceden a cargos gracias a políticas de igualdad como las cuotas y la paridad. No se ataca solo lo que hacen: se ataca lo que representan.
En Jujuy, la violencia política de género no es una abstracción: tiene nombres propios. Casos como los de Milagro Sala o Alejandra Cejas —los más visibles por su exposición pública— muestran cómo operan estas violencias en distintos niveles del Estado y de la vida política. Pero no son excepciones: los casos son múltiples, cotidianos y muchas veces silenciados. La violencia política de género en la provincia es estructural, atraviesa partidos, instituciones y territorios, y funciona como un mecanismo para disciplinar a las mujeres que se animan a ocupar espacios de decisión.
La prensa también lo vive
El periodismo no queda afuera. Las mujeres que hacemos periodismo en Jujuy —no todas, porque aquí también opera el clasismo y el alineamiento político— hemos sido y somos objeto de violencia política: maltrato, silenciamiento, exclusión, ninguneo. Aunque es un tema que merece un desarrollo propio, aquí es necesario mencionarlo porque forma parte del mismo entramado de disciplinamiento.
Por eso no sorprende la metodología de La Libertad Avanza. En una provincia donde estas prácticas están instaladas, se valen de ellas para perpetuarlas. Y tampoco sorprende que el gobierno de Javier Milei sea hoy uno de los principales potenciadores de este flagelo en Argentina, desde su asunción, ha recurrido al hostigamiento público, las amenazas, los insultos y la descalificación sistemática contra mujeres políticas de todo el arco político —como Cristina Fernández o Myriam Bregman— y también contra mujeres periodistas. Ese clima habilita, legitima y profundiza la violencia política de género en todos los niveles.
El ataque, de conjunto, es político
Todo es en base a un relato mal contado
El ataque político contra Keila Zequeiros es un operativo integral de deslegitimación que combina violencia política de género, disciplinamiento hacia una mujer joven que ocupa un cargo público y una estrategia partidaria para expulsarla simbólica e institucionalmente del espacio político.
No se trata de un hecho aislado, sino de un entramado de acciones coordinadas: el intento de juicio político basado en un episodio menor y propio de la vida universitaria; la campaña mediática que la ridiculiza como “eterna estudiante”; y el ataque ideológico por ser militante de izquierda. Todo esto se articula con la amplificación de discursos que buscan instalar que no es capaz, no merece el cargo o no está a la altura.
Aclaración necesaria sobre el hecho en Humanidades
Es importante aclarar el episodio ocurrido en la Facultad de Humanidades que La Libertad Avanza utiliza como fundamento para impulsar un Jury contra la concejal. Lo que sucedió fue un impedimento a militantes libertarios para instalar una mesa política, una práctica absolutamente habitual en la facultad, donde conviven —desde hace décadas— mesas, agrupaciones y expresiones políticas de todo tipo. Paradójicamente, se trata de las mismas prácticas que los libertarios denunciaron sistemáticamente como “politización de la universidad”, pero a las que ahora buscan sumarse cuando les conviene.
Además, el conflicto no puede leerse aislado del proyecto político nacional de La Libertad Avanza, que sostiene abiertamente la intención de avanzar contra la universidad pública y la educación pública en general. Ese discurso tiene su correlato concreto en el desfinanciamiento universitario, en los intentos de privatización y en la deslegitimación del sistema universitario nacional. En ese marco, la presencia de una mesa libertaria dentro de Humanidades no es inocente: forma parte de una estrategia política que busca instalarse en el mismo espacio que su programa propone desmantelar.
Los denunciantes afirman que impedir la instalación de esa mesa atenta contra la convivencia democrática y la pluralidad de voces en una institución pública. Sin embargo, la posición de La Libertad Avanza es profundamente contradictoria, quieren participar del entramado político universitario que critican, desprecian y buscan destruir, y pretenden ejercer derechos políticos dentro de un sistema que su propio programa propone desfinanciar y privatizar.
En síntesis, el episodio de Humanidades no es un hecho aislado ni un problema de “convivencia democrática”, como se intenta instalar. Es parte de una estrategia política más amplia, usar un conflicto menor para perseguir a una mujer joven, militante y concejal, y al mismo tiempo avanzar en su agenda contra la universidad pública.
Entonces el caso de Keila Zequeiros no es un episodio aislado ni un exceso circunstancial sino la expresión concentrada de un modo de hacer política en Jujuy que busca disciplinar a las mujeres que se atreven a disputar políticamente. El intento de juicio político, el hostigamiento mediático, la operación en redes, el señalamiento clasista y misógino sobre su condición de estudiante, el ninguneo de sus pares varones y la utilización oportunista de un conflicto menor en Humanidades forman parte de una misma estrategia: deslegitimar su voz, erosionar su autoridad y enviar un mensaje aleccionador al resto de las mujeres que participan en la vida pública.
En una provincia donde la violencia política de género tiene antecedentes claros y donde el gobierno nacional profundiza un clima de hostilidad hacia las mujeres que ocupan espacios de decisión, lo que hoy sucede con Zequeiros debe leerse como un síntoma y como una advertencia. No se trata solo de ella: se trata de un proyecto político que necesita acallar, ridiculizar o expulsar a quienes representan una amenaza para un orden que pretende seguir siendo masculino, jerárquico y excluyente.
