Días atrás llamó la atención frente a la Legislatura de Jujuy un gran cartel que decía: “Falsas denuncias, padres sin derechos”. A su lado, no más de tres personas (varones adultos) repartían folletos y se presentaban como “víctimas de falsas denuncias”. No querían hablar demasiado, pero sí entregaban un papel donde se promocionaba una asociación civil. El mensaje era: “No estás solo”.
La organización en cuestión —Asociación Civil Víctimas de Falsas Denuncias en Perspectiva de Género y Padres Sin Derecho— se presenta en el folleto con personería jurídica, servicios de contención, albergue transitorio y un número de contacto para quienes, según dicen, fueron “acusados injustamente”.
Su presencia frente a la Legislatura, por supuesto, no sorprende en absoluto. De hecho, no fue casual: se plantaron allí justo cuando se esperaba que el Senado nacional avance con el proyecto de ley que busca endurecer las penas por supuestas denuncias falsas. Una coincidencia demasiado perfecta para ser accidental, sobre todo en un contexto donde este discurso viene ganando visibilidad. Finalmente, como es sabido, el proyecto fue bajado del temario previsto para la sesión del 6 de agosto, pero la movida ya está en marcha y el mensaje busca instalarse en la provincia de Jujuy.
Un proyecto frenado desde adentro
Es preciso recordar que la iniciativa contra las “Falsas denuncias”, impulsada por la senadora Carolina Losada (UCR), propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para castigar con 1 a 3 años de prisión y multas de 75 salarios mínimos a quienes realizen denuncias falsas. En su versión más reciente, el texto reemplaza las referencias a violencia de género por términos más amplios como “delito doloso grave” y “persona vulnerable”. Incluso contémpla agravantes que pueden elevar la pena hasta 6 años si la denuncia derivara en detenciones o restricciones familiares o patrimoniales.
Aunque el proyecto tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia, terminó frenado desde adentro. Dirigentes y mujeres de la propia UCR levantaron la voz para advertir que la iniciativa podía convertirse en una herramienta para desalentar denuncias reales, especialmente en casos de violencia de género y abuso infantil. A ese rechazo se sumaron referentes de ELA, CELS, Ni Una Menos y otros que alertaron sobre un punto clave: las penas propuestas para las falsas denuncias superan incluso las fijadas para el abuso sexual, cuyos mínimos parten de apenas seis meses.
Las organizaciones también remarcaron otro problema: la ambigüedad del texto. Según explican, la redacción abre la puerta a una discrecionalidad judicial peligrosa, que podría usarse para atemorizar y desincentivar a mujeres, adolescentes y niñas a la hora de acudir a la Justicia. En otras palabras, el proyecto no solo no resuelve un problema inexistente —porque no hay evidencia de que las falsas denuncias sean un fenómeno extendido en Argentina— sino que además crea nuevos riesgos para quienes sí necesitan denunciar violencia.
En Jujuy un observatorio que reaviva la disputa por las “falsas denuncias”
En la Legislatura de Jujuy se presentó otra vez este año un proyecto impulsado por la diputada peronista Daniela Vélez, que propone crear un Observatorio de Denuncias Falsas por Violencia de Género. La iniciativa se inscribe —según declaraciones públicas de la propia legisladora— en la necesidad de “fortalecer el sistema de justicia” y sumar herramientas institucionales que acompañen las políticas vigentes sin “caer en falsas dicotomías”. Para Vélez, el observatorio permitiría ordenar información y mejorar la respuesta estatal frente a situaciones complejas.
Sin embargo, organizaciones feministas y especialistas en derecho advierten que el proyecto forma parte de una ofensiva nacional que busca cuestionar el sistema de protección a mujeres, diversidades e infancias. Señalan que centrar la discusión en las denuncias falsas —un fenómeno estadísticamente marginal— implica desplazar la atención de la violencia estructural, que en Jujuy representa la mayoría de las causas penales. Para organizaciones como la Multisectorial de Mujeres, la iniciativa constituye un retroceso histórico porque reinstala la sospecha sobre quienes denuncian y puede generar un efecto inhibidor en víctimas que ya enfrentan múltiples barreras para acceder a la justicia.
Se busca instalar
La protesta frente a la Legislatura se inscribe en un clima político donde la idea de las “falsas denuncias” intenta instalarse como un problema estructural. Sin embargo, los datos de la justicia provincial dicen otra cosa: de más de 240 causas analizadas, solo una fue falsa, aseguraron agentes del Poder Judicial a La Periodista En Línea. Es decir: no existe un fenómeno masivo de denuncias inventadas.
A pesar de esto, la asociación civil promueve la idea de que en Jujuy existe una crisis de denuncias falsas. Ese discurso tiene consecuencias. En una provincia donde el 74% de las causas penales están vinculadas a violencia de género, según datos de agentes judiciales, poner el foco en denuncias inventadas desplaza la atención del problema real y debilita la protección de mujeres, diversidades e infancias.
Hace poco, la abogada María Vargas lo explicó sin rodeos:
“Se quiere que tengamos miedo de denunciar.”
El efecto inhibidor y los retrocesos en la atención a víctimas
Por eso, organizaciones feministas de Jujuy advierten que esta narrativa genera un efecto inhibidor: quienes sufren violencia pueden temer denunciar por miedo a ser acusadas de mentir, esto también fue confirmado por personal judicial. Y esto ocurre en un contexto donde ya existen fallas graves en la atención a víctimas en la provincia.
Para tener en cuenta: El falso SAP, una herramienta para desacreditar denuncias
En este escenario aparece otro elemento clave a tener en cuenta: el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría sin sustento científico que suele ser utilizada por los mismos sectores que impulsan la agenda de las falsas denuncias.
Cabe aclarar que el SAP:no tiene validez científica, fue rechazado por la OMS y la Asociación Americana de Psicología y se usa para desacreditar denuncias de violencia y abuso infantil, especialmente en procesos de cuidado personal.
En Jujuy y en Argentina, el SAP ha sido invocado para culpar a madres de “manipular” a sus hijos cuando estos denuncian abuso. Su uso refuerza la misma lógica que sostiene la narrativa de las falsas denuncias: poner en duda la palabra de las víctimas y proteger a los agresores.
Una agenda que retrocede en derechos
La promoción de las “falsas denuncias” no es inocente. Forma parte de una agenda conservadora que busca reinstalar la idea de que las mujeres y las infancias no son confiables al denunciar violencia. En una provincia donde la violencia de género constituye la mayoría de las causas penales, insistir en fenómenos anecdóticos pone vidas en riesgo.
Mientras tanto, la protesta frente a la Legislatura intenta mostrar un problema que los datos no respaldan. Y en ese contraste —entre la evidencia y la narrativa— se juega una disputa política que impacta directamente en el acceso a la justicia y en la protección de quienes denuncian violencia.
