Mariana Mamani, responsable del medio Jujuy Dice y colaboradora de Página/12, es una de esas periodistas que no necesitan presentación ya cada vez que un hecho de trascendencia social irrumpe en la provincia, su pluma lo vuelve visible, lo vuelve urgente, lo vuelve agenda. Esa capacidad —incómoda para algunos, imprescindible para muchos otros— es también lo que hoy la coloca en el centro de un episodio que excede lo policial y se inscribe de lleno en el terreno de la intimidación política.
El viernes pasado, mientras el viento zonda y los cortes de luz azotaban Jujuy, Mariana fue víctima de un robo en su domicilio. Pero llamarlo “robo” es, como mínimo, insuficiente. Le revolvieron la casa, seleccionaron con precisión solo sus herramientas de trabajo —una computadora y una cámara fotográfica— y dejaron sobre la mesa un objeto que no necesita explicación: la Constitución provincial reformada en 2023, sin duda el símbolo de un modelo que desde su origen buscó disciplinar la protesta, recortar derechos y blindar el poder frente a las voces críticas.
No es casual. No parece casual. Y para Mariana, definitivamente no fue casual.
Desde ese momento, Mariana Mamani siguió todos los procedimientos formales, realizó la denuncia, se levantaron los primeros datos en una inspección de criminalística y su círculo de colegas activó un dispositivo de contención y acompañamiento que habla del respeto y la preocupación que generó este ataque. Porque lo que ocurrió no es un hecho aislado sino un nuevo episodio de gravedad política en una provincia donde la libertad de prensa se ejerce cada vez con más riesgo y menos garantías.
Este lunes por la mañana, en conferencia de prensa junto a Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy (PUAJ), Mariana relató lo sucedido con la claridad que la caracteriza. Detalló el ingreso, el desorden, el robo selectivo y el mensaje dejado en su mesa. Adelantó que la denuncia será ampliada en las próximas horas, luego de revisar minuciosamente cada elemento de los últimos días, de su trabajo etc. Y dejó una frase que sintetiza todo: “No fue un robo. Fue una amenaza.”
Hasta aquí, la materialidad de los hechos ya circula en medios independientes y comunitarios. Pero hay algo que solo se comprende estando ahí, mirándola, escuchándola: el semblante de Mariana que muestra no un miedo paralizante —porque no lo hay— sino la tensión y el dolor de quien sabe que lo que se buscó no fue robar objetos, sino infundir temor. No solo en ella sino en todo el ecosistema de periodistas y medios que no responden a agendas oficiales ni a pautas condicionantes. Ese es el verdadero objetivo. Ese es el mensaje.
En una provincia donde la concentración de poder sobre los medios se volvió método y la hostilidad hacia las voces críticas se volvió rutina, el ataque a Mariana Mamani no es un hecho policial sino un gesto político. Un intento de disciplinamiento. Una advertencia hacia quienes insisten en contar lo que pasa, incluso cuando lo que pasa incomoda.
Cuando el poder calla, habilita
Y hay un dato que agrava aún más la escena: el silencio del gobierno provincial. Nunca tan pertinente el dicho “el que calla, otorga”. Porque ante una situación de esta gravedad, hasta esta mañana ningún funcionario de ningún poder —y no hablamos solo de Carlos Sadir, sino de esa constelación de cargos que sobran, que brotan, que se multiplican para todo menos para lo urgente— se comunicó con Mariana Mamani. Ni una llamada para solidarizarse, ni un mensaje para mostrar interés, ni un gesto mínimo para despejar dudas en un caso que, en el imaginario colectivo, pone los reflectores directamente sobre el gobierno, más allá del nombre del conductor.
Ese silencio no es casual. Es político. Y en un contexto donde la libertad de prensa ya se ejerce en condiciones hostiles, la ausencia de respuesta institucional funciona como una forma de convalidación tácita, como si el Estado provincial eligiera mirar para otro lado justo cuando una periodista es atacada por hacer su trabajo.
