Por Romina Amaya
La baja de femicidios no significa menos violencia. En Jujuy, la desprotección crece mientras el Estado retrocede. Las fallas en las búsquedas, las medidas judiciales que no se cumplen, la falta de personal capacitado y los discursos que ponen en duda a las víctimas configuran un escenario crítico. A once años del primer Ni Una Menos, lo que falta no son denuncias: son políticas públicas sostenidas que garanticen prevención, protección y una respuesta estatal a la altura de la emergencia.
La desaparición de Mónica Alejandra Gutiérrez (33) volvió a exponer las fallas estructurales del Estado provincial. Mónica estuvo más de cinco meses desaparecida en Bárcena. Su cuerpo fue encontrado hace pocos días por su propia abuela, a apenas dos kilómetros de su casa. El hallazgo no solo reabre el dolor de la familia, también vuelve a poner en cuestión cómo funcionan los dispositivos de búsqueda de mujeres en Jujuy y por qué las respuestas institucionales llegan tarde o directamente no llegan.
El último fin de semana, otro hecho encendió alarmas. En el barrio San José de Palpalá, un hombre de 34 años murió apuñalado por su expareja. La mujer habría actuado en defensa propia; él tenía una orden de restricción por violencia de género. El caso revela un patrón conocido, las medidas judiciales no alcanzan cuando el Estado no garantiza protección efectiva.
A esto se suma un clima político que busca desalentar las denuncias. Desde la Multisectorial de Mujeres y Disidencias advirtieron que proyectos como el de las “falsas denuncias”, impulsado en Jujuy por sectores del justicialismo, instalan sospecha sobre las víctimas y debilitan aún más los mecanismos de protección.
Así, aunque las cifras oficiales indiquen una baja en los femicidios, la violencia contra las mujeres no disminuye, se transforma, se profundiza y encuentra a un Estado cada vez más reacio a responder. La falta de políticas públicas integrales, de recursos y de articulación interinstitucional deja a las mujeres más expuestas y a la sociedad más desprotegida.
Una provincia en emergencia
Desde el Observatorio Mumalá, Susana Rengifo señaló que en lo que va del año ya se registraron 105 femicidios en el país, una cifra que vuelve a mostrar la gravedad de la violencia machista en Argentina. En Jujuy, desde el primer Ni Una Menos en 2015, se contabilizan 65 femicidios, un número alarmante para una provincia con población reducida como la nuestra.
Rengifo también destacó que en lo que va de 2026 se registró solo un femicidio en la provincia, aunque los intentos de femicidio fueron muy superiores. Esta situación evidencia que la violencia extrema persiste y que muchas mujeres sobreviven no por azar, sino gracias a la autodefensa que construyen con su círculo cercano, a la intervención del movimiento de mujeres y los feminismos, y a los escasos dispositivos institucionales que aún funcionan.
Por eso es fundamental comprender que la disminución en la cifra de femicidios —de la que incluso se jacta el gobierno nacional— no implica una mejora real en la violencia estructural. Lo que se profundiza es la exposición de las mujeres, la desprotección y la ausencia de políticas públicas efectivas.
Desde la Multisectorial de Mujeres también alertaron sobre la responsabilidad del Estado cuando no llega a tiempo o directamente no da respuesta. Esa ausencia forma parte de una crisis social y económica que profundiza la vulnerabilidad de las mujeres y representa un retroceso en los derechos conquistados desde el primer Ni Una Menos.
Cada femicidio es una tortura para todas
Durante el fin de semana, Mónica Cunchilla, mamá de Iara Rueda, volvió a revivir con profundo dolor el femicidio de su hija tras conocerse el asesinato de Agostina Vega en Córdoba. La noticia la conmocionó por las similitudes entre ambos casos: “Me afectó mucho porque fue muy parecido el rol de la policía y de los funcionarios judiciales”, expresó Mónica.
Recordó que, en el caso de Iara, el fiscal llegó a decirle que “seguramente estaba con el noviecito”, minimizando la desaparición y retrasando la búsqueda. La lentitud —o directamente la inacción— al activar los rastrillajes con canes fue, según relató, casi calcada a lo ocurrido en Córdoba. “Fue muy parecido en todos los sentidos, incluso el descampado donde apareció la niña”, señaló.
Cunchilla remarcó que había datos concretos, pero que no fueron utilizados a tiempo y que incluso el recurso informático disponible nunca se empleó. “Todo eso me llevó de nuevo al caso de Iara”, dijo, subrayando que estas fallas no son excepciones, sino patrones que se repiten y que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Conocedora —a la fuerza— del sistema de denuncias en la provincia, explicó que la posibilidad de que una mujer pueda denunciar depende de cada comisaría. “Por lo que conozco, en Palpalá hay muchísimas denuncias de violencia de género”, afirmó.
Relató un caso reciente: la familia de una joven realizó cuatro denuncias, pero el agresor continuaba amenazándola: “Si no te mato hoy, te mato mañana o pasado”. Frente a situaciones así, Cunchilla se pregunta qué se puede esperar cuando la justicia no actúa. Para ella, el sistema falla en algún punto, en la policía, en la fiscalía o en la falta de personal capacitado. “Hacen falta comisarías especializadas”, remarcó.
También advirtió que “hacer la denuncia cansa y muchas mujeres dejan de hacerlo”. Por eso insistió en que la problemática debe abordarse desde múltiples ángulos, incluyendo las escuelas, donde niñas y niños expresan lo que viven en hogares atravesados por la violencia.
Respecto a la Ley Iara, señaló que en Jujuy sigue siendo un anhelo pendiente contar con una normativa permanente y con presupuesto acorde a la realidad. Afirmó que seguirá luchando por ello, ya que está próxima a presentar un proyecto para que la Legislatura lo discuta y avance finalmente en una política pública que garantice prevención, búsqueda inmediata y acompañamiento integral.
A once años del Ni Una Menos, la deuda sigue siendo del Estado
Jujuy muestra, una vez más, que no hay Ni Una Menos posible sin políticas públicas, sin presupuesto, sin un Estado que actúe con celeridad y sin instituciones que funcionen. No alcanza con discursos de compromiso una vez al año en la Legislatura —como los del gobernador Carlos Sadir— ni con capacitaciones o convenios que muchas veces quedan en el papel. Las mujeres en Jujuy saben —porque lo viven todos los días— que lo que salva vidas son decisiones políticas, no declaraciones.
Y mientras tanto, aparecen discursos que buscan desmantelar lo poco que existe. La postura libertaria en la provincia es un ejemplo claro. El diputado provincial Kevin Ballesty, alineado con la lógica nacional que impulsa Javier Milei, sostiene que en Jujuy debería cerrarse el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, bajo el argumento de que “no atiende cuestiones de género”. Esta no es una opinión aislada, es parte de una estrategia que intenta instalar que las instituciones, los programas, los dispositivos, el presupuesto y las políticas de género no son necesarias. Una narrativa peligrosa que desconoce —o decide ignorar— que cada retroceso estatal se traduce en más riesgo para las mujeres y finalmente en femicidios.
Por esa razón, este 3 de junio, cientos de mujeres volverán a salir a las calles en distintos departamentos y localidades de la provincia, desde la Quebrada hasta el Ramal. Habrá concentraciones en las principales plazas de cada ciudad para exigir el cese de los femicidios, el fin de la violencia contra las mujeres y diversidades, y la presencia de un Estado —nacional y provincial— que asuma su responsabilidad, que abra agendas de trabajo reales, que atienda lo urgente y que garantice políticas públicas sostenidas en el tiempo.
A once años del primer grito colectivo del Ni Una Menos, la consigna sigue siendo la misma y la deuda también: Vivas, libres y sin miedo nos queremos. Y esa demanda, todavía hoy, sigue esperando respuestas del Estado.
