En las últimas horas se conoció la decisión del Tribunal de Revisión de hacer lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado alrededor de cómo se llevó adelante el proceso de Investigación penal preparatoria (la etapa inicial del proceso penal que consiste en reunir pruebas para determinar si se debe acusar a un imputado o sobreseerlo) y la audiencia de elevación a juicio de lo que se conoce como el jujeñazo que resulto en la elevación a juicio dictada por el juez Rodolfo Fernández, de 20 manifestantes acusados de cometer diferentes delitos en el marco de las protestas contra la reforma provincial del 20 de junio del 2023.
Sentencia que, según Alejandra Cejas, una de las abogadas de los imputados, “puede producir un perjuicio irreparable si no se revierten algunas irregularidades cometidas en esa audiencia de elevación a juicio”. Mientras que el efecto suspensivo detiene el proceso hasta resolver dicha acción de inconstitucional.
Cejas también explico que “queda por delante un plazo relativamente largo hasta que se resuelva el planteo, además, analizan llevar el reclamo la Corte Suprema de la Nación por la batería de inconstitucionalidades cometidas que tienen que ver con irregularidades en el debido proceso”.
Esta definición representa un revés para el gobierno provincial y el poder judicial ya que se vuelven a poner sobre la mesa las denuncias que los acusan de una connivencia para la aprobación de la Reforma Constitucional, la persecución de dirigentes sociales, el avance de la criminalización de la protesta y el avasallamiento sobre los territorios.
Por otro lado, desde los espacios que acompañan a los referentes sociales imputados celebraron que “después de meses de batalla publica y judicial, a nivel nacional y provincial, y a pesar de numerosos recursos e impugnaciones rechazadas de forma ilegal las abogadas hayan logrado que se les conceda el recurso de inconstitucionalidad con efecto suspensivo”. Destacando además que La batalla seguirá hasta lograr que caiga la causa.
