La última víctima, Florencia Sayes (31), madre de pequeña niña de apenas seis años, fue asesinada el sábado 26 de septiembre en su domicilio del Barrio Loteo Bárcena de la capital jujeña. Por este hecho, el presunto responsable, Lucas Farfán (34), ex pareja de la mujer, fue imputado bajo el cargo de “homicidio de una mujer en contexto de violencia de género, agravado por el vínculo y por ensañamiento” informó la justicia jujeña este lunes.
Este femicidio se suma al de Patricia Farfán (55) asesinada en la Puna jujeña (Yavi) en el mes de julio, donde, en aquella ocasión, su femicida, Ángel Martínez, pretendió simular el sanguinario hecho haciéndolo pasar por el ataque de un animal. Y al travesticidio de Ana Paula Acosta (43) una trabajadora sexual que murió luego de pasar varios días agonizando a causa de las heridas que sufrió cuando fue atacada en la Avenida Forestal del barrio Alto Comedero por lo cual la justicia, a través del Ministerio Público de la Acusación, continúa investigando ya que a pesar de que el ataque tuvo lugar en una de las principales arterias del populoso barrio, y a escasos metros del Complejo Penitenciario, las pruebas para encontrar al o los responsables son escasas.
A esto se suman casos como el de Daiana Cárdenes (29) madre de cuatro niños quien fue hallada sin vida el pasado 18 de julio y que a pesar de que la justicia sostiene que se trató de un suicidio en un contexto de violencia de género, por lo cual imputo a su ex pareja Sergio García por femicidio en grado de tentativa, abandono de persona e instigación al suicidio, la familia de la mujer sigue sosteniendo que Daiana no se suicidó y exige un cambio de caratula en la causa.
Otra vez a marchar
Por esta razón, las familias de las víctimas volvieron a la Plaza Belgrano, donde acostumbran a llevar sus reclamos, no solo a exigir que la justicia accione con rapidez en las investigaciones sino también que el estado provincial tome cartas en el asunto en cuanto a políticas públicas que contengan este flagelo.
Por ejemplo, en Jujuy, hay casos que no terminan de cerrar como el de Iara Sabrina Rueda (16) del 2020 que si bien a través de la lucha de sus padres, Mónica Cunchilla y Juan Rueda, y por la enorme presión social que existió alrededor del pedido de justicia, se pudo condenar a sus tres femicidas, Raúl Cachizumba, Mauricio Abad y Tomas Fernández, sobre este último, la familia continúa reclamando una condena mayor a la otorgada y que sea trasladado inmediatamente a una cárcel común.
En este caso también está pendiente el inicio del juicio a Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de la ciudad de Palpalá, donde ocurrió el femicidio de Iara, que irán a juicio por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber actuado como corresponde durante la búsqueda de la menor.
Al mismo tiempo existe un fuerte cuestionamiento por parte de las familias de las víctimas y de diferentes organizaciones de mujeres al accionar del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género que es el organismo a través del cual el estado provincial canaliza las “políticas de género” contra la violencia machista por su accionar ante los hechos consumados cuando se trata de un femicidio ya que se le atribuye una reacción tardía e incluso poca asistencia en cuanto a la contención a las familias de las víctimas. Además de los condicionamientos a los pedidos de justicia cuando el Consejo se constituye como querellante en las causas por femicidio.
Conjuntamente, se lo culpa de “no implementar políticas reales contra la violencia de género en la provincia que superen el simple hecho de realizar talleres de prevención” lo cual consistiría en el impulso de una verdadera Ley Provincial Contra la Violencia de Género y los Femicidios y no una prórroga de una Ley de Emergencia que surgió en otro contexto, además de que se le exige la gestión de un presupuesto acorde a lo que la problemática actual demanda.
Un contexto poco favorable para las mujeres y disidencias
Diferentes informes como el de «Mujeres Disidencias Derechos» de MuMalá registraron que en Argentina se produce un femicidio cada 39 horas lo que hace un total de 170 víctimas desde el 1 de enero al 30 de septiembre de este año. Asimismo, señalan que se perpetró un intento de femicidio cada 16 horas y que las provincias que presentan tasas más altas de femicidios al 30 de septiembre de 2024 son: Chaco,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy y San Luis .
Atribuyendo esto a “las decisiones del gobierno nacional de recortar, desabastecer y desmantelar programas e instituciones de prevención y asistencia, lo que son una clara muestra de su negacionismo de la violencia de género”.
En este sentido Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLa sostuvo: «la decisión de ajustar o eliminar políticas de género provoca un alejamiento del Estado de su rol esencial que es la prevención, sanción y erradicación de las violencias machistas. El Estado incumple los tratados y leyes nacionales e internacionales dejándonos muy vulneradas.»
«El gobierno niega la violencia machista, elimina herramientas para el acompañamiento de las víctimas, esto desalienta la denuncia que en este informe se ubica sólo en el 14 %» expresó.
