Tras casi 20 días de un firme rechazo a la reforma Constitucional de la provincia y un insistente pedido por parte de las comunidades, vecinos y trabajadores de dar marcha atrás con la nueva Carta Magna, tomaron la decisión de exigir a los representantes parlamentarios de cada localidad que emitan una resolución en rechazo de la nueva Constitución.

Ante esta situación los sectores políticos involucrados debieron ceder ante las exigencias del pueblo. El puntapié inicial lo dio el Concejo Deliberante de Humahuaca, donde hubo represión policial al pueblo que insistía con el pedido en las afueras del recinto; seguido por Abra Pampa y La Quiaca, quienes aprobaron el rechazo a la reforma y manifestaron su repudio ante el accionar de las fuerzas de seguridad ejercida en las distintas manifestaciones y cortes de ruta. Además instaron al gobierno provincial a tomar una actitud de conciliación y diálogo, para escuchar las demandas del pueblo.

El impulso que dieron estos tres Concejos Deliberantes se fue replicando en comunas de las cuatro regiones de la geografía provincial. En Tres Cruces, El Aguilar y Puesto del Marques, el pueblo se levantó con el mismo requerimiento, logrando, pese a algunas resistencias, la adhesión de concejales.

Por su parte, ediles de Maimará y de San Pedro de Jujuy sesionarán en la jornada de hoy (miércoles) a fin de tratar esta iniciativa que ya fue ingresada días atrás.

En las ciudades de Perico, Fraile Pintado, Libertador, Tilcara, Purmamarca y Uquia los pedidos también ingresaron a las legislaturas locales donde se espera se convoque a sesión para su tratamiento.

Para hoy se prevé además la presentación del petitorio en Huacalera y Pampa Blanca, en tanto que en Pampichuela lo harán el lunes.

San Salvador de Jujuy no estuvo ajena a este requerimiento ya que ayer numerosos sectores, liderados por los gremios estatales, reclamaron al cuerpo parlamentario se expida en contra de la reforma, además de solicitar el uso de la banca 13 para poder expresarse.

La iniciativa de cada pedido se fundamenta en que la nueva Constitución no cuenta con la anuencia de la sociedad, en particular de los gremios y las comunidades originarias, además de que no se realizaron las consultas previas, y por cuanto no respetan los derechos legítimamente reconocidos por organismos nacionales e internacionales.